A partir de la incorporación de nuevas fuentes de energía en base a tecnologías eólica, solar fotovoltaica, biomasa, biogás y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, el Gobierno Nacional acaba de modificar las normas de protección ambiental que deben cumplir las empresas de generación, transporte y distribución de electricidad.
Esta medida se consumó mediante la Resolución 558/2022 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que la misma fue publicada en el Boletín Oficial el pasado lunes 7 de noviembre.
Esta planificación ambiental deberá abarcar un período de entre uno a tres años, y al de organizar, las empresas deben considerar las condiciones ambientales de los sitios en los que desarrolla sus actividades; y la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
Las nuevas medidas modifican los parámetros que el Estado nacional venía utilizando en los últimos 20 años, a partir de una serie de resoluciones que habían establecido las pautas metodológicas y plazos para la ejecución de las tareas vinculadas con la gestión ambiental y la presentación de información por parte de estos agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
El impulso a los cambios fue dado por el desarrollo del régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinada a la producción de electricidad bajo el cual se adjudicaron una gran cantidad de contratos de abastecimiento.