El Gobierno español aprobó esta semana el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario con el que busca reducir en un 20 % la comida que llega a la basura (y que muchas veces lo hace en buen estado).
La medida alcanza no sólo a los hogares, sino también a los distintos eslabones de la cadena de producción, que tendrán que elaborar planes específicos de prevención para evitar el desperdicio.
El texto comenzará su tramitación parlamentaria y comenzará el proceso de debate para alcanzar su aprobación y entrada en vigor, que está prevista para enero de 2023. De salir adelante, el proyecto impulsado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convertirá a España en el tercer país europeo que legisla para prevenir el desperdicio de comida, detrás de Francia e Italia.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros que se calcula que, cada ciudadano, tira al año 31 kilos/litros de comida. Un despilfarro que cuesta a cada hogar 250 euros al año.
El anteproyecto ya fue aprobado por el Gobierno, en primera vuelta, el pasado mes de octubre. Desde entonces se han mantenido contactos con consumidores, ONG, el canal de distribución ‘horeca’ (hostelería y restauración) y productores primarios, en foros realizados en Valencia, Barcelona, Pamplona y Cáceres, según indica el Ministerio.
El trasfondo es que el problema del desperdicio alimentario no sólo conlleva un costo económico y de recursos desaprovechados por los productores, distribuidores y consumidores; sino también ético, social y ambiental. Para minimizar ambos impactos, la ley pretende establecer un modelo de buenas prácticas para reducir drásticamente el desperdicio de alimentos con actuaciones a lo largo de toda la cadena, desde la cosecha en origen hasta los hábitos de consumo en los hogares y en la restauración.
La ley fijará una jerarquía para priorizar el uso que se deberá dar a los alimentos antes de desperdiciarlos, por parte de las empresas. El primero es el consumo humano. Por ello, productores y distribuidores deberán priorizar la donación a entidades sociales sin ánimo de lucro, como los bancos de alimentos, de aquellos productos en buen estado que no hayan llegado a la venta directa al consumidor final.
Planas ha explicado que, “de la primera versión de la Ley, a la aprobada finalmente por el Consejo de Ministros” se ha modificado que solo se podrán donar a los bancos de alimentos productos que estén dentro de las fechas indicadas de consumo preferente.
El segundo escalón de esta jerarquía, para alimentos no vendidos pero que aún tienen óptimas condiciones de consumo, es su transformación en otros productos, como zumos o mermeladas. Y, si estas dos opciones no son posibles, tendrán que destinarse a la alimentación animal.
Solo si no valen para personas ni animales, los alimentos tendrán que usarse como subproductos para otras industrias; y en última instancia, ya como residuos, para la obtención de compost, biogás o combustibles.
Sanciones y exigencia de espacios diferenciados en las tiendas
El proyecto también contempla un régimen sancionador, que establece diferentes tipos de infracciones, de leves a muy graves. Las primeras se aplicarán si no se realiza la jerarquía de uso de los alimentos, o empresas productoras, las tiendas y supermercados, o los bares y restaurantes, no donan los alimentos a entidades sin ánimo de lucro. Estas sanciones leves pueden alcanzar los 2.000 euros.
Si se repiten, se considerarán graves, como también lo serán si se detecta que los agentes de la cadena discriminan el reparto de alimentos, sea por causas de nacionalidad, identidad de género, religión u origen étnico, entre otras. Estas sanciones graves alcanzarán los 60.000 euros.
Por último, si las sanciones anteriores son reincidentes, pueden considerarse muy graves y alcanzar una multa de hasta 500.000 euros.
Medidas concretas
El texto prevé que las empresas de distribución incentiven la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próximas. De esta forma, las tiendas minoristas deberán tener en sus lineales espacios de venta de productos considerados feos, imperfectos o poco estéticos, pero que estén en condiciones óptimas de consumo; y promover la venta de aquellos productos que estén en buen estado pero próximos a su fecha de caducidad.
La ley también contempla iniciativas que tienen que desarrollar bares y restaurantes. Por ejemplo, deben ofrecer a los clientes la posibilidad de llevarse a casa la comida que no hayan consumido. Tendrán que informar de esa opción de forma visible, preferentemente en la carta o menú y disponer, para ello, de envases reutilizables por los clientes.
Los hogares españoles tiran al año 1.364 millones de kilos de comida
El Ministerio no publica datos sobre el desperdicio de comida a lo largo de toda la cadena alimentaria, pero sí sobre lo que acaban tirando a la basura los hogares, a los que también se persigue concienciar para evitar que se tiren alimentos. Los últimos datos corresponden al 2020 de la pandemia. Ese año, los españoles tiraron a la basura 1.367,7 millones de kilos/litros de comida. Un dato que es prácticamente igual (es un 0,8% superior) al del año previo.
Fuente: elDiario.es