Se trata de una sentencia que establece el acceso obligatorio a los estudios de toxicidad del químico, anulando así dos resoluciones de una agencia que denegaban el acceso a éstos, debido a que en 2017 se autorizó por 5 años más la utilización de esta sustancia en el continente.
Tras examinarlos, el tribunal con sede en Luxemburgo estableció que no se puede justificar «su negativa a divulgarlo basándose en la excepción relativa a la protección de los intereses comerciales».
Fuente, AFP