Aunque el volumen de leyes ambientales se multiplicó por 38 desde 1972, la incapacidad de aplicar y hacer cumplir plenamente las regulaciones constituye, hoy, uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las sociedades a fin de mitigar el cambio climático, reducir la contaminación o detener la pérdida generalizada de especies y hábitats, explica Naciones Unidas en su informe «Estado de Derecho Ambiental: Primer informe global».
Uno de los autores, David Boyd, sostiene que si bien la cooperación internacional contribuyó a que numerosos países concertaran más de 1.100 acuerdos ambientales desde 1972 y a que se elaboraran múltiples leyes marco sobre medio ambiente, ni el multilateralismo ni la asignación de fondos han dado lugar a la creación de organismos ambientales sólidos capaces de hacer cumplir las leyes y los reglamentos con efectividad.
En el informe se detallan los numerosos acontecimientos positivos en materia de derecho ambiental que se registraron desde 1972, incluida la aprobación del derecho constitucional a un medio ambiente sano en 88 países y la consagración de la protección del ambiente en las constituciones de otros 65, esto destaca Joyce Msuya, directora ejecutiva interina de ONU Medio Ambiente. Además, se resalta el establecimiento de más de 350 tribunales ambientales en más de 50 países y la existencia de disposiciones legales sobre el derecho de los ciudadanos a la información ambiental en más de 60 estados.
El documento, no obstante, también alerta sobre una tendencia preocupante: la resistencia a las leyes ambientales, que ha originado un creciente número de casos de hostigamiento, amenazas y asesinatos de defensores del medio ambiente. Solo en 2017, 197 defensores ambientales fueron asesinados.
Según el Índice de Democracia Ambiental, desarrollado por el Instituto de Recursos Mundiales en colaboración con asociaciones de todo el mundo, de momento, solo 33 de 70 países evaluados están clasificados en las dos mejores categorías de las cuatro contempladas para evaluar el progreso de las naciones relativo a la promulgación de leyes nacionales que promuevan la transparencia, el acceso a la justicia y la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre cuestiones ambientales. Lituania encabeza un listado que cierra Haití.
Fuente, ABC.