La Ley de Envases con Inclusión es una iniciativa que proviene desde el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Ambiente de la Nación y una gran cantidad de organizaciones sociales, tanto ambientales como cartoneras. Luego de recibir gran apoyo en el Congreso desde un inicio, el proyecto superó dos comisiones, la de Recursos Naturales y la de Presupuesto, y consiguió dictamen. Pero la mano del lobby empresarial no se podía quedar afuera, así que hizo de las suyas.
Entre los partícipes del freno a este proyecto, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) alzó la voz con un comunicado que calificaba a la propuesta de «anacrónica». Por su parte, Juntos por el Cambio montó una «audiencia no oficial» para denunciar un «impuesto disfrazado». Como contrapartida, quienes defienden el proyecto aseguran que la ley no modificará los precios de los productos, y que tendrá como resultado numerosos puestos de trabajo nuevos.
Entonces, ¿cuál es el origen de semejante lobby? Resulta que la Ley de Envases con Inclusión propone atribuirle una responsabilidad social extendida al productor sobre eso que lanza al mercado. En este sentido, se busca dejar en claro que los envases siempre tienen un costo cuando se desechan, y que las ganancias de gestionar la basura quedan en pocas manos. A la vez, el Estado asume altos costos por gestionar esos residuos sin tratamientos, y las y los recicladores hacen gratis ese trabajo.
«Hoy el costo lo están pagando los cartoneros y cartoneras con su trabajo gratis, los ciudadanos con sus impuestos municipales y las generaciones futuras con la contaminación ambiental», resumen desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), una de las organizaciones que impulsó la iniciativa.
El impuesto a los productores servirá para fortalecer al colectivo de cartoneras y cartoneros
Respecto a la responsabilidad extendida de los productores, el proyecto establece que paguen una tasa de hasta el 3% del valor del producto. Este porcentaje se establece de acuerdo a diversas variables, entre ellas cuán reciclable es el envase. Mientras más posibilidades de ser reciclado tenga, menor es la tasa que se le aplica.
Por ejemplo, la tasa de un envase de una gaseosa de litro y medio sería de un 0,55% de su precio. Para un paquete de yerba de medio kilo, sería el 0,026% del precio. En una lata de cerveza tendría un impacto del 0,063% del precio. En una caja de zapatillas, sería de sólo el 0,002%.
Así, la recaudación se destinaría a fortalecer las cooperativas de cartoneros, también crear más plantas de reciclaje y tratamiento de residuos. Asimismo, se buscará abaratar la logística y comercialización, así como sacar a más cartoneros de la informalidad.
«La gente tiene que saber que nuestro trabajo es muy importante para el cuidado del medio ambiente. Cada cartonero y cartonera recicla unos 100 kilos de material por día, evita que esos residuos vayan a basurales a cielo abierto o a entierro. Eso contamina mucho. Y trabajamos trabajamos en las peores condiciones. Sin derechos. Esta ley va a mejorar mucho las condiciones de trabajo de quienes hacemos reciclado y recuperación de material. Queremos dignidad para los nuestros y un ambiente sano», dijo Natalia Zaracho, la primer cartonera que ocupará una banca en el Congreso a partir del 10 de diciembre.
Leyes similares alrededor del mundo
Tanto en Uruguay como en Chile y España existen abordajes similares a la ley que se propone para Argentina. Sin embargo, un punto clave que distingue al proyecto nacional de otras normativas es que tiene en cuenta a la economía popular como beneficiaria. En otros lugares del mundo, son los mismos productores que tributan quienes manejan luego los fondos recaudados.
«Queda claro que la disputa es por la matriz de distribución de esos recursos», opina Ramiro Martínez, presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop). Un ejemplo concreto es el uruguayo, en donde lo que se recauda de la tasa ambiental se usa para que las empresas compren maquinarias, por citar una situación puntual.
En estos casos, el empresariado pone las reglas y se beneficia de un sistema de reciclaje hecho a su gusto y placer. En el caso argentino, el lobby multinacional sigue presionando para lograr el mismo fin: salvar a las empresas.
Fuente: El Resaltador